No a la exclusión
sanitaria de los inmigrantes sin permiso de residencia
El 1 de septiembre con
la entrada en vigor del artículo 3 del RD16/2012, el gobierno del
Partido Popular, ha roto con el sistema de atención sanitaria
universal, vigente en España desde los años ochenta. Esta medida
excluye a los inmigrantes sin permiso de residencia, aunque estén
empadronados (único requisito hasta el momento para acceder a la
tarjeta sanitaria), del acceso a la asistencia sanitaria pública.
La medida se encuadra
dentro del conjunto de injustificados recortes de los servicios
públicos, y de otros derechos sociales que se vienen produciendo en
los últimos años con la falsa excusa de la crisis financiera.
Dichos derechos están recogidos en la Constitución española y en
los convenios internacionales suscritos por España, como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta medida va a
suponer una agresión de mayor calado, si cabe, que las demás. Por
una parte, se dirige contra un colectivo en situación de gran
precariedad y con fuertes dificultades para defenderse
organizadamente. Y, por otra, establece una categoría objetiva de
desigualdad, de apartheid, al excluirlos de la atención
sanitaria universal. Este hecho no solo es una infamia, es también
un precedente. ¿Quiénes seremos los próximos?
La
justificación oficial de esta medida pasa por la criminalización
del grupo excluido, de tal manera que el resto de la población les
culpabilice de los problemas de los servicios públicos de salud y
apoye su exclusión.
Esta criminalización
se basa en un conjunto de falsedades, tales como el uso abusivo por
los inmigrantes de los servicios sanitarios, su no participación en
la financiación de los mismos, o su presencia en España solo para
acceder a los servicios sanitarios. En cuanto al primer punto,
diferentes informes, como el realizado por
la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), ponen de manifiesto
exactamente lo contrario. En cuanto al segundo, recordemos solamente
la importancia que los impuestos indirectos tienen en nuestro injusto
sistema fiscal, los inmigrantes compran y pagan lo que pueden y
financian
los servicios públicos sanitarios con los
impuestos asociados a su consumo,
como el resto de la ciudadanía. En
cuanto al tercero, confunde deliberadamente a los inmigrantes sin
papeles con los ciudadanos de la UE que de forma
sistemática utilizan nuestro sistema público de salud sin que se
les cobre nada.
Afortunadamente, el
grado de insolidaridad y de peligro asociados a la aplicación de
esta medida ha generado una importante corriente de oposición a la
misma, expresada en diferentes iniciativas de apoyo a los inmigrantes
excluidos de la atención sanitaria. Dentro de dichas iniciativas
promovidas por la Semfyc junto con el apoyo de Médicos del Mundo y
la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
entre otras, cabe señalar la de la objeción de conciencia del
personal sanitario a la aplicación de la exclusión.
En Cantabria y según
las cifras de la Consejería de Sanidad, el número de inmigrantes
que se han visto privados de la tarjeta sanitaria es de cerca
de cinco mil.
Ante esta situación
desde la Plataforma en defensa de lo Público, estamos organizando
una iniciativa de solidaridad con los inmigrantes excluidos de la
atención sanitaria pública, y de denuncia de la administración y
sus políticas. Dicha iniciativa incluye el apoyo a los sanitarios
que están ejerciendo la objeción y atendiendo a todas las personas
que lo precisan.
Pretendemos construir
una red de acompañamiento que promueva el acceso de los inmigrantes
sin tarjeta sanitaria al sistema público, reduciendo su
invisibilidad y facilitando su relación con los sanitarios públicos.
Pretendemos hacer
llegar el máximo apoyo y aliento posibles a las trabajadoras y
trabajadores de la sanidad pública de Cantabria que atienden y
atenderán a los inmigrantes sin tarjeta, con la misma
profesionalidad y dedicación que lo han hecho hasta ahora.
Pretendemos contribuir
a la denuncia de las consecuencias que la exclusión de cientos de
miles de personas de la atención sanitaria pública tendrá sobre la
salud pública, la cohesión y la igualdad social.
Llamamos al conjunto de
la ciudadanía a apoyar a sus vecinos y compañeros de trabajo o
desempleo, injustamente excluidos de un derecho humano fundamental.
Así como a manifestar de todas las maneras posibles su rechazo y
oposición a medidas que rompen con los derechos sociales duramente
conseguidos por generaciones anteriores y que tenemos la obligación
de preservar para las que vendrán.
